2014, el año de encrucijada agroganadera

Texto: Francisco Javier Cantador

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En apenas un par de días echará el telón un 2014 de luces y sombras en lo que al campo se refiere que se ha convertido en un año de encrucijada agroganadera, marcado en forma de sombras, sobre todo, por la aprobación definitiva de una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que no ha dejado contentos a muchos profesionales del sector, las pérdidas provocadas por el veto ruso y  una preocupante volatilidad de precios. La entrada en vigor de la Ley de mejora de la cadena alimentaria y la rebaja del impuesto especial de electricidad para regadío han puesto las luces.

Tras el correspondiente largo periodo de negociación, finalmente, el pasado 19 de diciembre se aprobaron los reales decretos que recogen las normas de aplicación de la reforma de la PAC en España. Organizaciones agrarias como COAG y UPA han mostrado su indignación y decepción ante las modificaciones de última horas introducidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) a instancias de la Comisión Europea. Estas organizaciones agrarias insisten en que las excepciones que recoge el texto final facilitarán cobrar las ayudas a titulares no activos,  que en principio iban a ser expulsados del sistema en base al no cumplimiento del nivel de ingresos mínimos provenientes de las actividad agraria que recoge la definición de agricultor activo (20%). Para ellas, se abre así la puerta a cazaprimas, absentistas, grandes propietarios de tierra e incluso cotos de caza, que no tienen actividad agraria real. “Se han tirado por tierra todas las expectativas que se habían generado respecto a una reorientación de la PAC a favor del agricultor activo y de un modelo social y profesional agrario, sostenible y de futuro para nuestro país”, han lamentado desde COAG para añadir que “a nivel general se consolida una Política Agraria Común que profundiza en la eliminación de los mecanismos de regulación del mercado, caldo de cultivo para la volatilidad de precios, fenómeno que lastra la rentabilidad de las explotaciones y frena la innovación”. Asaja, por su parte, confía en que el Gobierno central vigile que cobre las ayudas quien realmente ejerza actividad en el campo.

Otro de los problemas de 2014 ha sido el de precios a la baja frente a costes con tendencia al alza. La renta agraria en términos corrientes ha disminuido un 7,1% en 2014 tal y como recoge la primera estimación publicada por el Magrama y dada a conocer por COAG. Ese informe recoge un recorte del valor de la producción agraria total del 3,9%, fundamentalmente por una caída del 6,2% en los precios a pesar del aumento de la producción del 2,4%. Por sectores, destacan las pérdidas de valor de patata (-41,3 %), vino y mosto (-41,0 %), cereales (-20,8 %), frutas (-13,0 %) y plantas forrajeras (-10,5 %).

También el año que ahora expira será recordado por el del veto ruso. que irrumpió de lleno en plena campaña de exportación de fruta de hueso. Durante ese periodo, las cotizaciones en origen se desplomaron un 75% y los productores de melocotones, nectarinas y ciruelas tuvieron que afrontar grandes pérdidas. Se estima que, en algunas zonas, entre un 20 y un 30% de la producción no pudo enviarse a destino. Para organizaciones como COAG y UPA, las medidas extraordinarias puesta en marcha por la UE no tuvieron el efecto deseado porque fueron tardías e insuficientes “y las comercializadoras de las principales zonas de producción pasaron olímpicamente de acogerse a las medidas de retirada de producto”. El efecto dominó del veto ruso también ha pasado factura los productores de porcino, que han soportado una caída de precios por debajo de los costes de producción en segundo semestre.

Entre lo más positivo para el campo en 2014 destaca la exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes, definitiva y estructural, para compensar el incremento de costes por la nueva tarificación eléctrica. Fruto de la mesa de negociación celebrada entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, una explotación media tendrá un ahorro de 650 euros en su factura. También se ha conseguido mantener el régimen de cotización de módulos para el sector agrario en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, una buena noticia para agricultores y ganaderos.

Hace unos días, la organización agraria COAG destacaba en un informe que el tirón exportador agroalimentario no está teniendo su reflejo en la renta de los productores agrarios. Y es que desde 2003, el campo ha perdido un 13% de su renta agraria, tal y como refleja el análisis elaborado por el departamento de Economía de dicha organización agraria sobre los últimos datos publicados por el Magrama. Sin embargo, en ese mis

mo periodo, las exportaciones agroalimentarias se han disparado un 73. ”Los agricultores y ganaderos no están participando del valor añadido de nuestras producciones en los mercados internacionales. Tenemos que acabar con los desequilibrios en la cadena para que, del campo a la mesa, el valor se reparta de forma equitativa entre productores, industria y distribución”, ha subrayado al respecto Miguel Blanco, secretario general de COAG.

Para intentar acabar con estos desequilibrios, en 2014 ha entrado en vigor la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, de la que se espera que en 2015 tenga resultados tangibles. Con esta normativa, desde el pasado 3 de enero es obligatorio formalizar contratos por escrito, antes de la entrega de la producción, determinando el precio del producto y plazos de pago,  erradicando así la ‘venta a resultas’, tan extendida en el sector agrario. En este aspecto, es destacable la actuación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que surge con la puesta en marcha de esta ley para perseguir y sancionar las prácticas comerciales abusivas. Desde COAG insisten en que “en 2015 trabajaremos de forma intensa en la elaboración del Código de Buenas Prácticas. En ese sentido, pedimos valentía al Magrama para apostar por un código que prohíba el uso de productos reclamo o la venta a pérdidas, incluya la figura de un mediador con suficientes competencias, que priorice los productos de temporada y de proximidad,  y obligue a respetar los plazos de pago de 30 y 60 días para productos perecederos”.

Amenazas, temores y algunas otras preocupaciones

Las organizaciones agrarias han mostrado a lo largo de los últimos meses distintas preocupaciones que afectan al sector agroganadero y al agroalimentario y han pedido a las distintas administraciones que actúen en beneficio de los productores. Asaja Córdoba, por ejemplo, denunció que Hacienda lesiona a los productores al aprovechar para recaudar a través de un IVA que “interpreta” que deben llevar las ayudas europeas. En este sentido, Asaja Córdoba rogó al Ministerio de Agricultura que explicara al de Hacienda que “cuando hay arrendamientos los derechos van con la tierra obligatoriamente. Que los arrendamientos no son cesiones definitivas. Y que los derechos de pago único son el fruto de políticas comerciales de la OMC para que las ayudas no vayan a la producción, pero que eso no lo debe aprovechar Hacienda para dar una mordida, porque esos derechos no dejan ser compensaciones de renta y que, de hacerlo, pondría además en desventaja clara a los agricultores y ganaderos españoles con respecto a productores de otros países”.

Asaja Córdoba alertaba asimismo hace tan sólo unas semanas de la amenaza de la propagación de la bacteria xylella fastidiosa, el ébola del mundo vegetal, que ya ha llegado a Europa. Esta organización agraria ve en esta bacteria el riesgo potencial más  importante con el que se enfrenta el olivar y señala que es importantísimo actuar contra su propagación, demanda de medida preventiva que ha hecho llegar a la Comisión Europea.

Otra amenaza, la de la mancha negra que afecta a los cítricos y cuyo foco hacia el Viejo Continente se encuentra en el fruto importado de Sudáfrica, ha sido puesta en evidencia tanto por Asaja como por COAG, organizaciones que reiteradamente han pedido a la Unión Europeo un mayor control para evitar que se propague este mal que tiene un hongo como origen.

COAG también ha insistido en pedir medidas de defensa para otros sectores como el apícola. En este caso, junto con asociaciones de consumidores, esta organización pidió al Gobierno central un cambio en el etiquetado de la miel que incluyera, entre otras cuestiones, el país de origen del producto.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), por su parte, ha alertado, entre otras cuestiones, de que 2014 ha sido un año agrario marcado por los abusos de la distribución, la caída del 2,4% del empleo en el campo y el incremento de los costes de producción, “que han pasado del 41% en 2007 al 49% en 2014”.

 

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