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La Ley alimentaria equilibrará a los productores y las distribuidoras

Un operario trabaja en la zona de envasado de una cooperativa olivarera cordobesa.

Un operario trabaja en la zona de envasado de una cooperativa olivarera cordobesa.

En menos de tres semanas entrará en vigor la Ley 12/2013 de mejora de la cadena alimentaria, una normativa española, pionera en Europa, que regulará el comportamiento de los operadores de la industria agroalimentaria hasta el punto de que, según se desprende del texto, equilibrará la fuerza entre los productores y la gran distribución para eliminar las prácticas abusivas que se han dado en ocasiones.

En Córdoba, esta ley afectará de lleno a las aproximadamente 800 industrias agroalimentarias que hay repartidas por la provincia, 100 cooperativas y 64 sociedades agrarias de transformación (SAT), cuyo valor de exportación supera los 612 millones de euros, según datos facilitados por la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta.

Miguel Herrero, que desde el próximo 3 de enero asumirá sus funciones como director de la Agencia de Información y Control Agroalimentario, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), explicó que esta norma “supone un hito dentro de la agricultura española” puesto que, hasta la fecha, carecía de un marco regulatorio y una tabla sancionadora para las prácticas comerciales.

Además, “tras un duro debate con varios ministerios” se acordó una normativa que contemplara un modelo mixto, es decir, habrá unas normas de obligado cumplimiento y otras recogidas en un código de buenas prácticas de asunción voluntaria, según añadió Herrero.

El aspecto más novedoso de esta ley es que se establece un nuevo régimen de contratación, de tal manera que será obligatorio formalizar por escrito los contratos cuando el valor de transacción supere los 2.500 euros y éstos deben llevar fijado un precio o alguna manera de calcularlo para evitar la práctica de las ventas a resulta.

Este nuevo régimen afectará al sector productor (agricultores y ganaderos), a la industria agroalimentaria, a los grandes grupos industriales y al sector de la distribución alimentaria (tanto el canal de venta organizado como el del comercio especializado).

En cambio, quedan fuera de este régimen, los contratos con los consumidores finales, las entregas de productos que hagan los socios a las cooperativas, las operaciones comerciales con un precio inferior a 2500 euros, los transportes y las relaciones comerciales con las empresas que operan en el canal de hostelería.

En este punto, surgen dos posturas contrapuestas. Así, son muchos los socios de cooperativas cordobesas los que expresan su malestar porque no haya una regulación contractual del precio mínimo de la mercancía de la que se va a hacer entrega y, por otra parte, el sector de la hostelería se alegra de que esta normativa no les afecte, ya que los acuerdos comerciales se firman tan rápido que hacen difícil formalizar un contrato escrito para cada venta.

Además, entre otros aspectos, se regularan las subastas, se obligará a conservar la documentación que justifiquen las transacciones, se prohibirán los pagos comerciales no previstos y las modificaciones unilaterales de los contratos, entre otros puntos.

Respecto a la tabla sancionadora, ésta recoge varios tipos de penalizaciones leves, graves y muy graves y, como novedad, se podrá investigar de oficio y sorpresivamente si algún operador comete prácticas abusivas gracias a 80 inspectores.

Archivado en: Agricultura, Desarrollo Rural, Industrias agroalimentarias, Legislación

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